Por 13 presuntas irregularidades administrativas, la Unidad Especial de Servicios Públicos, Uaesp llamó a descargos y abrió un proceso a CGR operador del relleno de Doña Juana desde hace 10 años.

La Uaesp en un comunicado manifiesta que los incumplimientos se habrían dado en la operación y manejo del relleno sanitario, en las actividades de disposición final de residuos y por el deficiente tratamiento de los lixiviados que producen éstos.

Antes de abrirse el proceso la interventoria del Relleno -Inter DJ-, hizo las advertencias y recomendaciones al operador, las cuales no fueron atendidas.

Ante esta situación la interventoría hizo la solicitud formal de apertura del proceso ante la UAESP.

De los 13 cargos por presuntos incumplimientos, 6 corresponden a la actividad de disposición final de residuos en el polígono concesionado al operador, entre los cuales se destacan, problemas de operación, retrasos en las obras contempladas en el contrato y en la licencia ambiental, la ausencia de una celda de emergencia para la disposición de residuos, entre otros. Hechos que fueron evidentes tras el deslizamiento del pasado 28 de abril y que aun hoy siguen afectando la calidad de vida de los vecinos de Doña Juana.

Los otros 7 incumplimientos corresponden al presunto mal manejo de los lixiviados generados en la actividad de disposición final y cuyo tratamiento actualmente se encontraría muy por debajo de las exigencias hechas por la normatividad ambiental, afectando así al río Tunjuelo donde son descargados estos líquidos.

El pasado lunes 13 de julio, la UAESP comunicó al operador de Doña Juana – CGR – sobre estos cargos, mediante citación a audiencia establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de garantizar el debido proceso constitucional, ante la Subdirección de Asuntos Legales de la entidad, donde se debatirá el presunto incumplimiento o la presunta mora en las obligaciones contractuales.

Las consecuencias derivadas para el operador del relleno podrían ser la caducidad del contrato de concesión 344 de 2010 o la declaratoria de incumplimiento grave del contrato de concesión 344 de 2010. En cualquiera de los dos casos, se podría hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, cuyo valor calculado de posibles perjuicios sería cercana a los 76 mil millones de pesos, y la declaratoria de siniestro amparada mediante una póliza de seguros.

Independiente de la decisión, sea cual sea, tanto la UAESP como el Distrito seguirán garantizando la operación de Doña Juana y el servicio del esquema de aseo en toda la ciudad de forma ininterrumpida.